Megacárceles o más “detenidos preventivos”

Me sorprendí con el aviso del Ministerio de Gobierno, sobre una convocatoria a licitación pública, para un estudio a diseño final de un centro penitenciario para 2.500 personas privadas de libertad en la zona de Chonchocoro, con un costo de 290 mil bolivianos, unos 40.000 dólares americanos. Es notoria la candidez para resolver el problema penitenciario en las autoridades.

La experiencia nos enseña que la zona de Chonchocoro no cumple geográficamente con las condiciones mínimas para tener en el lugar a personas privadas de libertad, ya que la mayor parte de los internos en las cárceles de La Paz no tienen sentencia y por tanto dicha construcción se convertirá en una cárcel fantasma, por falta de población carcelaria en su interior.

Chonchocoro tiene una capacidad para 320 internos y sólo está ocupada por 90, es decir, es una cárcel sin hacinamiento y donde la soledad de los internos es preocupante y dolorosa, ya que el Estado no les provee de posibilidades de rehabilitación.

Los privados de libertad con varios argumentos de tipo económico, médico y sobre todo judicial no están en la cárcel que dictamina su sentencia. Los jueces no tienen la capacidad de hacer cumplir sus fallos, o no lo hacen debido a que perciben algún favor económico de los afectados por las sentencias, haciéndose cómplices por negligencia.

Los sentenciados a Chonchocoro no cumplen la ley y los encargados de hacerlo (jueces y gobernador de San Pedro) maniobran la normativa a placer.

Entonces, antes de pensar en gastar dinero en una cárcel que será un elefante blanco, hagamos cumplir la ley, haciendo funcionar la cárcel de Chonchocoro a plena capacidad.

No se debe olvidar que Chonchocoro se encuentra a unos 50 kilómetros de La Paz, y el traslado de los internos a sus audiencias será oneroso, se tiene que contar con motorizados, conductores, policías para custodia y otros muchos gastos.

Una alternativa, sin embargo, sería que los jueces realicen las audiencias en la cárcel, en ambientes especiales y en días determinados, práctica que ya se realiza en países vecinos y además garantiza a la población litigante seguridad en los ambientes judiciales.

¿Quiénes son los que se aprovechan de las cárceles alejadas? Los jueces y los policías corruptos, ya que el privado de libertad que sufre la soledad, el abandono, la falta de dinero y que, en su desesperación, acude ante estas autoridades que se aprovechan de la desgracia personal.

El 75% de la población penitenciaria está detenida preventivamente, esto significa que la motivación diaria del procesado será buscar su libertad y al estar alejado del Órgano Judicial no tendrá el asesoramiento oportuno, los abogados seguramente subirán sus aranceles para atenderlos y así en vez de bajar el número de detenidos preventivos, éste irá aumentando.

Seguramente crecerá la corrupción en las fiscalías, en el Órgano Judicial, en los jueces de ejecución de sentencia, en la Policía que está a cargo de la seguridad interna y externa de las cárceles.

Actualmente la cárcel de Chonchocoro no cuenta con agua potable y su servicio depende de un pozo subterráneo. Tampoco cuenta con alcantarillado, las aguas servidas quedan en pozos ciegos que han colapsado y que están a flor de tierra, mezclándose con aguas claras y subterráneas que afectan la salud y convivencia del lugar.

Por todas las razones mencionadas, sería más adecuado construir cárceles medianas, con capacidad para 300 personas como recomiendan las Reglas Mínimas de Naciones Unidas y cerca de lugares poblados para evitar el sufrimiento innecesario y la violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Ramiro Llanos Moscoso es abogado y ex director Nacional de Régimen Penitenciario.
Fuente:

https://www.paginasiete.bo/Generales/Imprimir.aspx?id=257296
 

Observatorio de cárceles - OCA

Medidas alternativas al encarcelamiento

Ramiro Llanos Moscoso

Una forma de sancionar los delitos cometidos por las personas es el encarcelamiento, es decir sacar de las calles y de sociedad a los infractores. Encerrarlos en un lugar con muros altos y rejas fuertes a las personas infractoras y poner tres cruces al lugar de encierro donde indica la sentencia y olvidarse de ellos y ellas, pensando que al interior de la cárcel mejorarán su conducta, supuestamente preparándose con un buen comportamiento para volver, después de varios años, “rehabilitado” al seno de su familia y retornar a la sociedad para contribuir a ella y ya no dañarla.

Aunque estén encerrados y los hayamos mantenido separados de la sociedad, las personas privadas de libertad retornarán a la comunidad y lo harán por el cumplimiento de los años de encierro y sentencia, o por los méritos a través del cumplimiento de un 50% de su pena (extramuro), o libertad condicional cuando hayan cumplido un 75% de la pena y esto si ha demostrado una buena conducta.

Lo anterior, expuesto de manera tan puntual, no se cumple en las cárceles bolivianas porque no hay disciplina en las cárceles, no hay una clasificación real que certifique los méritos; las carpetas que llegan a los jueces sobre las clasificaciones en los distintos períodos del sistema progresivo no son válidas y no demuestran el grado de avance del comportamiento y buena conducta del privado de libertad; no hay criterios de mejoramiento de vida de los internos porque no se fomenta el trabajo ni el estudio y, por el contrario, hay mucho desgaste del tiempo libre, no hay noción de lo que significa la rehabilitación, ya que el personal nunca ha sido especializado y sólo responde a la improvisación. Por otro lado no hay ambientes ni espacios físicos para acercarnos a criterios reales de una arquitectura penitenciaria, los ambientes actuales han sido superados por el hacinamiento, el deterioro y saturación de servicios básicos.

Y lo peor es que no hay reglamentos en los recintos penitenciarios, nadie sabe lo que se debe hacer con esta infraestructura, ni con el personal, no se sabe cómo administrar la alimentación, el consumo de agua y energía eléctrica, no se conoce de dónde salen los recursos para el funcionamiento de los recintos penitenciarios, no existe criterio sobre el papel que deben cumplir los policías y la suma de todo esto convierte a los centros penitenciarios en generadores de violencia y delincuencia.

Quienes tienen la desgracia de ingresar a las cárceles como detenidos preventivos o sentenciados, lamentablemente empeoran su situación personal, se enferman, desmejora su conducta, se hacen personas renegadas con la sociedad por el maltrato recibido, se pierden en el consumo de alcohol y drogas, se hacen duros de carácter por el trato que reciben, muchos de ellos salen en peores condiciones a las que ingresaron.

Por todo esto nos preguntamos, ¿no será mejor buscar alternativas al encarcelamiento?, como la conciliación Art. 377 del Código de Procedimiento Penal, Arts. 65, 66, 67 de la Ley 025 Ley del Órgano Judicial; detención domiciliaria Art. 58 del Código Penal, Art. 240 del Código de Procedimiento Penal y Art. 196 al Art. 198 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; sustitución de pena por trabajo Art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; traslado a carceletas por acercamiento familiar Art. 37 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión.

Otras medidas alternativas que también podrían ser utilizadas serían la utilización de manillas electrónicas para la detención domiciliaria, las cámaras de vigilancia en las puertas de las cárceles para evitar ilícitos, cumplimiento del régimen cerrado en cada uno de los centros penitenciarios, que permitirán una reducción importante de la delincuencia y darán seguridad ciudadana a las bolivianas y bolivianos.

El autor es ex Director General de Régimen Penitenciario y Docente UPEA.

Fuente:

https://www.eldiario.net/noticias/2010/2010_09/nt100909/1_05opn.php

Reforma policial puede comenzar con un Reglamento de Cárceles

Ramiro LLanos Moscoso

La reforma de la Policía Boliviana y la erradicación de la corrupción en el interior de esta institución puede empezar en las cárceles, sólo cumpliendo la ley vigente.

¿Cómo están en las cárceles los supuestamente delincuentes?, allí se encuentran de manera preventiva más del 75% de los privados de libertad. Se ha evidenciado que en los centros penitenciarios los internos están purgando sus penas, pero además de lo que determinó el juez, ellos sufren otros abusos, vejaciones, torturas, adicciones con drogas y alcohol y muertes. Estas son formas inhumanas y crueles a las que están sometidos, sólo por un manejo inadecuado de los centros penitenciarios, donde la seguridad está a cargo de la Policía y todo lo anteriormente mencionado no debería suceder.

En las cárceles, el personal penitenciario tiene que estar preparado y recibir permanente especialización (Arts. 65 y 66 Ley No. 2298, Ley de Ejecución Penal y Supervisión).

Las cárceles deben cumplir con la rehabilitación, por mandato de la Constitución Política del Estado Art. 74 y de la propia ley de Ejecución Penitenciaria (Art. 3 Ley No. 2298).

Las personas que entran a los centros penitenciarios en ese momento no tienen voz, ellas quieren rehabilitarse, buscan alternativas propias, pero no pueden hacerlo por factores conocidos por todos los lectores, como cobros en puertas a los familiares para permitirles ingresar alimentos, medicamentos, frazadas, ropa, etc., y actos corruptos de mayor gravedad cuando se trata de drogas y alcohol, que generan otros delitos de los cuales las autoridades administrativas, policiales y políticas son responsables por omisión (Art. 13 bis.-, Art. 154 Código Penal). Si no se rehabilita a las personas privadas de libertad se genera delincuencia y se incrementa la inseguridad ciudadana, que se torna incontrolable por los nexos formados en el interior de los centros penitenciarios, con otros que están fuera del penal y con quienes dicen no estar involucrados en la delincuencia, pero que viven de esta supuesta omisión.

Por toda esta evidencia, empecemos reformando a la Policía Nacional, haciendo que los centros penitenciarios cuenten con un Reglamento de Cárceles, que norme en el interior de cada centro penitenciario y así terminar con la arbitrariedad de las autoridades policiales, administrativas. Que este reglamento determine los derechos y obligaciones de los privados de libertad, del personal administrativo, de las visitas, del manejo económico y sobre todo de la seguridad, para que todos conociendo sus roles puedan y estén dedicados a sus específicas funciones y se trabaje en la rehabilitación de los privados de libertad, que es el fin último de la ley penal.

El autor es ex Director General de Régimen Penitenciario y Docente UPEA.

Fuente:

https://www.eldiario.net/noticias/2010/2010_08/nt100828/1_04opn.php

HACINAMIENTO EN CARCELES

Las nuevas leyes fundacionales como la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz Nº 004/2010, la ley de Aduanas Nº 780/2010 y la Ley de modificación al Procedimiento Penal Nº 007/2010 y las nuevas tipificaciones en el Código Penal además de otras que se elaboran están creando nuevos tipos penales, lo que llevará a que los centros penitenciarios tengan nuevos visitantes con detenciones preventivas o con sentencias condenatorias cortas o largas.

Las cárceles están hoy hacinadas, sobrepasan y en mucho el porcentaje máximo de su capacidad, entre ellas San Pedro (519%), Centro de Orientación Femenina de Obrajes en La Paz (244%); San Sebastián Varones (125%), San Pablo de Quillacollo (318%); Palmasola varones (371%), Palmasola mujeres (176%) y San Pedro de Oruro mixto (238%);

En estos centros las personas viven en condiciones inadecuadas, en celdas sin ventilación, con enfermedades, con retraso en la alimentación, algunas sin los servicios de alcantarillado. Todos juntos en una especie de basureros.

Si se pretende rehabilitar, tenemos que dar las condiciones de habitabilidad a las personas privadas de libertad, aunque los delitos sean graves. Ellos y ellas son personas y el principio del encarcelamiento es la rehabilitación y no el aislamiento, el sufrimiento o el vivir mal. Las autoridades administrativas olvidan los derechos humanos de esta población.

Para mejorar la vida de estas personas que se encuentran hacinadas al interior de los centros penitenciarios, se debe entregar cárceles ya construidas como las de Oruro, Montero, Uncia, Chimore, Santa Cruz y Viacha.

Conociendo esto vemos que hay una contradicción en la administración penitenciaria de nuestro Estado Plurinacional, mientras en algunos centros los privados de libertad están abarrotados y hacinados, en otros viven en ambientes amplios grandes y abandonados, donde los jueces no sentencian y si lo hacen por alguna argucia jurídica los privados de libertad no son trasladados, permaneciendo en las cárceles hacinadas.

Si pretendemos dejar sin hacinamiento las cárceles y que los privados de libertad vivan en condiciones mínimas de humanidad, descentralicemos las cárceles y habilitemos las carceletas en provincias.

Las autoridades administrativas indican que no existen los medios necesarios, que no hay personal suficiente, que no se tienen recursos para la alimentación y por estos justificativos se deja a los privados de libertad en condiciones inadecuadas de habitabilidad.

Animemos al voluntariado para que presten su servicio, recurramos a las universidades para que sus noveles profesionales puedan atender a los privados de libertad, hagamos que las gobernaciones departamentales cumplan su función de coadyuvar con el proceso de rehabilitación aportando recursos económicos provenientes del IDH y que los gobiernos locales y municipios cumplan formando mancomunidades con los municipios que tienen en su jurisdicción las cárceles construidas.

Los privados de libertad han surgido de nuestra comunidad y debe ser la misma sociedad la que resuelva el problema del encarcelamiento. De lo contrario podemos ser víctimas, en cualquier momento, de personas que no han sido rehabilitadas.

Ramiro Llanos Moscoso fue director general de Régimen Penitenciario.

Fuente:
https://www.paginasiete.bo/2010-11-13/Opinion/Destacados/14Opi00213-11-10-P720101113SAB.aspx