Un aspecto fundamental de toda política penitenciaria debe ser la clasificación de los privados de libertad. Si bien desde la perspectiva de cualquier ciudadano la población penal constituye un solo universo, muchas veces considerado como ajeno y olvidado, una mirada más especializada nos enseña que en un recinto carcelario existen internos con diverso perfil personal, como es el caso de los adolescentes imputables, jóvenes de diversos rangos de edad, internos primarios, reincidentes, los que pertenecen a bandas organizadas, internos de la tercera edad, enfermos crónicos, psiquiátricos, discapacitados, internos que trabajan, extranjeros y los que pertenecen a etnias minoritarias, entre otros.

Esta diversidad fundamenta la necesidad de clasificar internos, y a través de ella, la conformación de grupos homogéneos de acuerdo a niveles de “peligrosidad” y vulnerabilidad, que deberían ser recluidos en espacios distintos.

Por ello, la clasificación debe ser una acción aplicada desde el inicio de la reclusión e incluir necesariamente a los procesados.

La Ley de Ejecución Penal y su Reglamento no regula la clasificación de internos desde la etapa inicial de su detención. Una persona privada de libertad bajo detención preventiva permanecerá en el recito penitenciario sin ser clasificado hasta que se dicte su condena, lo que en algunos casos puede significar dos o tres años.

La recomendacion es que es necesario reevaluar los criterios de clasificación vigentes, con la finalidad de incorporar en este proceso a los preventivos, priorizando criterios como la seguridad, el tratamiento o la protección de los sectores más vulnerables de la población penal, antes que la condición jurídica de los internos.

Si bien es cierto que la tarea de clasificación y separación de internos se hace más compleja cuando existen elevados niveles de hacinamiento, también es cierto, que la ausencia de este proceso agudiza los efectos negativos de la sobrepoblación, generando mayor violencia interna, menor gobernabilidad y mayores posibilidades de abusos contra los internos más vulnerables